Los funcionarios del país se encuentran en un vórtice de incertidumbre debido a la crisis que enfrenta MUFACE, la mutualidad que proporciona atención sanitaria y servicios médicos para aproximadamente 1,5 millones de ellos. Desde hace algunas semanas, la situación se ha vuelto crítica, generando un clima de preocupación y descontento en toda la Administración pública.
MUFACE, que históricamente ha ofrecido cobertura sanitaria mediante seguros privados, ahora se enfrenta al riesgo de ser desmantelada, poniendo en jaque el bienestar de sus beneficiarios. Este revuelo se intensificó tras el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde la ministra de Sanidad, Mónica García, insistió en la necesidad de renovar la licitación del sistema y su intención de incorporar los mutualistas al sistema público de salud, lo que ha sido recibido con fuertes críticas por parte de las comunidades autónomas.
En una de las intervenciones más contundentes, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, acusó al Gobierno de estar actuando con “sectarismo” en su plan de transición y criticó que la cuestión de MUFACE se tratara como un mero punto informativo al final de la reunión. “La pelea entre los Ministerios de Sanidad y Función Pública no beneficia a nadie,” afirmó Matute, quien destacó que este conflicto interno en el gabinete perjudica directamente a los beneficiarios de MUFACE.
Las comunidades autónomas, en especial las gobernadas por el Partido Popular, han presionado al Gobierno para garantizar la cobertura de los funcionarios mediante las mutuas privadas, alegando que la incorporación de los mutualistas al sistema público podría resultar en un aumento significativo en las listas de espera y la sobrecarga del sistema de salud.
En Extremadura, la consejera de Salud, Sara García Espada, ha pedido soluciones urgentes, enfatizando que más de 43,000 mutualistas están bajo el amparo de MUFACE en su región. “Si MUFACE desaparece, el impacto no solo afectará a estos usuarios, sino también a más de un millón de extremeños,” advirtió Espada, instando al Gobierno central a dialogar y buscar soluciones en medio de lo que ella percibe como un clima de confrontación política.
El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, también expresó su descontento y calificó de “falta de rigor técnico” el informe del Ministerio que recomendaba la transición de los mutualistas al sistema público. “Esto no se ajusta para nada a la realidad,” afirmó Vázquez. “La conclusión de que el sistema de salud pública puede absorber sin problema el incremento en la población es engañosa,” añadió.
Por su parte, Mónica García ha declarado que el Gobierno tiene el “máximo interés” en garantizar la continuidad de MUFACE y su servicio, pero también ha reiterado que la licitación y el futuro de la mutualidad recaen en el Ministerio de Función Pública, generando escepticismo sobre la comunicación y el compromiso interministerial.
Las tensiones no solo se limitan al ámbito político. Los sindicatos de funcionarios, particularmente el CSIF, han organizado movilizaciones en varias provincias para exigir que MUFACE siga proporcionando su servicio. Durante estas manifestaciones, destacó la voz del presidente del CSIF en Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, quien defendió la eficacia del modelo MUFACE, que ha ahorrado recursos al sistema público durante más de 50 años. “Estamos aquí para recordar que la sanidad de nuestros funcionarios es una prioridad,” subrayó.
Pero no todos están de acuerdo con la postura del CSIF. Otros sindicatos han expresado su desacuerdo con la estrategia del CSIF, señalando que el sindicato mayoritario no está representando adecuadamente los intereses de los trabajadores. Este desencuentro se suma al caldo de cultivo que rodea el debate sobre el futuro de MUFACE.
Las comunidades han solicitado un consejo extraordinario ante la falta de avances y respuestas concretas del Ministerio. Varios consejeros han argumentado que el destino de MUFACE debería ser prioritario y no una mera discusión en un orden del día que abarca 23 puntos, diluyendo la importancia del tema en cuestión.
El debate ha crecido más allá de los muros del gobierno, ingresando en el ámbito público, donde la certeza acerca del futuro de MUFACE es cada vez más escasa, dejando tanto a empleados públicos como a sus familias en un estado de ansiedad constante. El liderazgo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado en contra, criticando duramente al Gobierno por su falta de diálogo y planificación alrededor de esta crisis, acusándolos de jugar con la sanidad de todos los españoles.
De cara al futuro, la cuestión de MUFACE parece una “patata caliente” en el seno del gobierno y las comunidades autónomas, que tendrán que navegar con cuidado entre la necesidad de asegurar una atención sanitaria adecuada para los funcionarios y el descontento creciente que vislumbra en la cobertura de salud pública si MUFACE llegase a perder su estatus. La presión es cada vez mayor, y el tiempo es un lujo que los funcionarios no tienen.
